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El desarrollo eléctrico en jaque

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¿Por qué no se pueden ejecutar los proyectos energéticos?

EL DESARROLLO ELÉCTRICO EN JAQUE

El alargamiento en los tiempos de tramitación, la judicialización, la falta de voluntad política y la lentitud para entender los movimientos sociales están “empantanando” a la industria energética.

(REVISTA ELECTRICIDAD) El desarrollo energético está viviendo un momento difícil, con actores de la industria y líderes gremiales hablando de crisis, la que no se manifestará en resultaos este año ni el próximo, pero si próximamente. ¿La razón? La dificultad para materializar proyectos de generación y de transmisión de electricidad para el mediano y largo plazo, algo que ya no sólo está preocupando a las empresas energéticas, sino también al resto de los sectores productivos del país, en un contexto en que el precio de la electricidad ya está alto, y con una proyección de la demanda al alza.

La lista de proyectos que este año se han retrasado y otros que se han paralizado por la tramitación y judicialización no es menor: la línea de transmisión de HydroAysén, las centrales Río Cuervo y Castilla e incluso proyectos más amigables con el medio ambiente como el parque eólico de Chiloé, además de líneas para evacuar energía de proyectos ERNC, han sufrido escollos importantes para seguir avanzando en su cronograma de diseño y construcción. ¿Qué es lo que está pasando? Como toda situación compleja, este problema no responde a una situación única, sino a una confluencia de factores que se han entrelazado, dejando a la industria en una situación de jaque.

Rodrigo Rivas, consultor de Valor Estratégico Consultores Corporativos, empresa que presta asesoría en la planificación de empresas de diversa índole industrial en su relacionamiento con las comunidades y las autoridades, entrega un contexto para entender esta situación. Para el consultor, “hoy lo que prima en Chile es un ambiente de bastante incerteza con los proyectos en comparación hace 10 años. El mundo cambió y Chile también, ya que las demandas sociales se han incrementado en forma importante”. Para el consultor, un claro ejemplo de este cambio de paradigma en la sociedad, más demandante, se puede ver en movimientos recientes, como la “Primavera Árabe” o los “Indignados” de Europa.

A esto se suma las mayores exigencias medio ambientales, tanto en el mundo como en Chile: “Uno podría preguntarse si Chile, no siendo un país desarrollado, pudiera tener los estándares de los países que sí lo son; pero el hecho concreto es que tanto la legislación chilena, como también muchas empresas que adscriben a estándares internacionales, ha hecho que el desarrollo de estos proyectos sean más complejos”, dice Rivas.

Por su parte, Sara Larraín, directora del Programa Chile Sustentable y una de los rostros más reconocibles del mundo ambiental, argumenta a Revista ELECTRICIDAD que “lo que sostenemos como organización ciudadana, es que claramente la mayoría de los proyectos que se presentan lo hacen con criterios de hace 20 o 30 años, donde no se tomaban en cuenta las opiniones ciudadanas ni el respeto al medio ambiente. Pero la realidad es distinta a lo que los actuales gobiernos y empresas creen.

Junto con presentar iniciativas de mala calidad, con tecnologías obsoletas, los proyectos se enfrentan a una ciudadanía cada vez más empoderada, que no desea que le impongan zonas de sacrificio para el beneficio de unas pocas empresas”.

En el mundo de la energía, el tema adquiere una complejidad especial. Los proyectos de generación y sobre todo, los de líneas de transmisión de electricidad, son cada vez más difíciles de ejecutar. Si bien el sistema jurídico antes permitía la planificación de proyectos en plazos acotados, la misma normativa, sumada a la oposición de comunidades y de personas que se sienten afectadas por estas iniciativas, han dificultado las inversiones eléctricas. Marcos Sáez es gerente general de Naza Ingeniería, empresa dedicada a prestar servicios de negociación en los procesos de concesiones y servidumbres que surgen al desarrollar proyectos energéticos. A la luz de su experiencia, son las leyes actuales y su interacción las que juegan un rol importante cuando un proyecto tiene que materializarse: “Está la Ley del Medio Ambiente (19.300) y el DFL 4 o Ley General de Servicios Eléctricos, con esas dos leyes fundamentales se desarrollan todos los proyectos eléctricos en Chile. Si uno hace una línea, por ejemplo, actúa sobre ciertos elementos que en el país se defienden mucho, como el derecho de propiedad.

Ahí comienza el problema, ya que lo que hace la concesionaria es solicitar el paso por una serie de predios. Se notifica con un plano, el ‘plano especial de servidumbre’. Con eso comienzan las discusiones, porque yo le entrego el plano al afectado y le digo ‘esta es la superficie afectada’, pero eso que dice ahí no es así, porque viene la Ley del Medio Ambiente y dice lo siguiente, ‘mire, ustedes quieren construir una línea, pero ¿dónde están los caminos que van a tener que hacer para llegar a cada torre?’, porque lo que más provoca impacto ambiental son los caminos para construir las líneas”.

Aparte de estas dos normativas principales, hay otras leyes que también afectan el desarrollo de los proyectos energéticos. También están resguardadas las comunidades autóctonas de Chile y sus intereses, con la Ley Indígena (19.253) que requiere la intervención de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi) y la Ley del Bosque Nativo (Ley 20.283), que tiene como fin preservar especies autóctonas forestales de nuestro país, y que es vigilada en su cumplimiento por la Corporación Nacional Forestal de Chile (Conaf). “Tenemos entonces que puede intervenir la Conadi, el DFL 4, los medio ambientalistas con la Ley 19.300 y la Conaf, con lo que se va ‘enmarañando’ el proceso. ¿Cómo se resuelve esto? Una vez notificado el plano especial de servidumbre, el afectado tiene 30 días para hacer las observaciones ante la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC), pero ¿qué hace la SEC? No analiza nada, sólo traslada la oposición y le informa a la empresa (que solicita la concesión).

Después, la empresa tiene 30 días para responderle a la SEC”, reflexiona Sáez. Para Larraín, en tanto, el rechazo de las personas a las iniciativas energéticas responde a la forma como se están haciendo los proyectos, “a la nula participación ciudadana y a la falta de una política energética que no sólo se preocupe de promover iniciativas privadas, sino que tenga una mirada de largo plazo que involucre principios precautorios sobre las escalas de los proyectos, sus impactos socio-ambientales y la soberanía energética de los territorios”.

Lo cierto es que, entre el proceso de notificación, la falta de acuerdo con los afectados, la fijación del valor de la indemnización a los afectados y los reclamos al sistema judicial, los proyectos se van retrasando, mientras la necesidad de contar con más energía va creciendo. Para José Miguel Hernández, abogado de Fermandois, Evans & Cia., jurista especializado en el área energética, se da un contrasentido con estas trabas, ya que “insólitamente los proyectos que hoy en día están pasando el sistema de aprobación más rápido son los más caros y contaminantes, que son los proyectos que generan con diesel, que tienen un par de turbinas, y no poseen embalses, no tienen canales y no tienen la exposición pública que tienen los otros proyectos. Entonces, llegamos a una situación en que actualmente se está reemplazando lo que no hay en términos de energías convencionales con diesel, que ha hecho que los costos se eleven y que también la matriz se ensucie”.

El abogado explica a Revista ELECTRICIDAD que este diagnóstico es claro y conocido hace tiempo en la industria, quien hace tiempo le está pidiendo al Gobierno y a los parlamentarios que tomen cartas en el asunto. El problema es el costo político que esto conlleva, por lo impopular de estas decisiones. “El procedimiento de imposición de servidumbres forzosas, que antiguamente operaba bastante bien en Chile, se empezó a poner más difícil. La disposición de este tipo de medidas tiene carácter legal y están amparadas por la Constitución, pero se ha optado por el camino político, por la vía más fácil, lo cual ha generado trabas en el desarrollo de estos proyectos. Hoy tenemos un procedimiento concesional que la ley establece que demora 120 días, pero en verdad está tomando más de 1.000 días. La ley está ahí, es clara y taxativa, pero la autoridad se ha visto complicada porque también ha habido un abuso del derecho de los opositores y claro, ha habido proyectos que se han hecho mal también.

Porque tampoco debemos liberar de culpa al mercado eléctrico”, reflexiona Hernández.

A juicio del abogado, en la situación actual hay culpas compartidas: “Tenemos una Contraloría General de la República que es mucho más rigurosa de lo que era antes, mientras que el Gobierno de la Alianza tiene un nivel de relación mucho menos fluido con el poder judicial, como el que tenía la Concertación para poderse anticipar a los fallos. Ahora hay descoordinaciones importantes entre el Gobierno y el poder judicial. Vemos que se aprueba Río Cuervo un día miércoles y la Corte Suprema lo bota el día jueves. Otro factor que creo ha sido relevante, es el caso Barrancones, que fue un muy mal indicio de lo que estaba pensando este Gobierno de lo que se podía hacer o manejar en materia eléctrica.

Ahí yo creo que los opositores a proyectos le leyeron la mano al Gobierno y dijeron este es un tema de alta sensibilidad pública y tenemos la oportunidad de levantarnos a todos los otros proyectos que vengan”.

Con este escenario, mucho se ha discutido en los últimos meses si es que existe una política energética en Chile. En medio de este debate y como respuesta a esta discusión, el Presidente Piñera convocó a especialistas del área a la Comisión Asesora para el Desarrollo Eléctrico (CADE), grupo de expertos que analizó la coyuntura energética chilena y que entregó propuestas al Ejecutivo para, justamente, definir esta política que está en entredicho. Este grupo tuvo su contraparte en la Comisión Ciudadana Técnico Parlamentaria (CCTP) de Energía, formada por legisladores, técnicos y ambientalistas, que también quisieron formular sus propuestas y visión para el futuro de la energía en Chile. Finalmente, el Presidente Piñera y el Ministerio de Energía, con el resultado de ambos grupos, dieron a conocer la Estrategia Nacional de Energía (ENE), una especie de carta de navegación para el desarrollo energético del país para las próximas décadas.

Para Hernández, “la ENE en el papel es bastante bonita, pero no dice nada nuevo. Es reafirmar un diagnóstico que el mercado estaba haciendo hace mucho rato (…), pero por último se puso en el papel. El problema es que esa estrategia tiene que implementarse en la dictación de normas y en la definición de medidas con carácter de Estado, para efectos de salir de la circunstancia en la que hoy estamos.

La Estrategia se anunció en enero y hasta ahora prácticamente no ha pasado nada. Se ingresó un proyecto de ley que modifica el sistema de tramitación de concesiones eléctricas, que es un perfeccionamiento del proyecto de ley que estuvo prácticamente dos años durmiendo en el Congreso.

Tú puedes tener proyectos de ley, pero si no existe la voluntad política de sacar las cosas, no sacamos nada con tener una política que es muy bonita, si al final es inaplicable”. Por su parte, Larraín demanda que en la definición de la política energética se logre un consenso y una participación mayor de las personas, lo que le daría una mayor legitimidad entre la población. “Se requiere construir una política en la cual participe toda la ciudadanía y que se base en principios democráticos de igualdad de derechos, en la gestión integrada del territorio y en la diversificación de los actores y propietarios del sector energético, de modo de generar una competencia real en el mercado para eliminar los monopolios de propiedad del sector y una institucionalidad que permita obtener energía a precios justos en los que se incorporen todos los costos externos, eliminando las subvenciones a la generación convencional”, dice la de Chile Sustentable.

Sin embargo, no todas las culpas pueden achacárselas a la autoridad. Como mencionó el abogado José Miguel Hernández, la industria también tiene sus responsabilidades, ya que a su juicio, “el mercado también se demoró en leer el cambio social. La sociedad cambió, los medios de comunicación cambiaron y la manera de asociarse de las personas también cambió”.

Sáez, por su parte, también realiza un juicio crítico al sector privado, dada su experiencia en la tramitación de concesiones y servidumbres: “Las empresas han pretendido, en términos generales, pagar el mínimo, lo que ha atentado contra el mercado en último término. U

Uno puede hacer una labor social, pero, ¿cómo trabajan las empresas habitualmente? Contratan a un buen negociador y le pagan el 50% de lo que ahorre en la negociación, además de su sueldo, y por supuesto que el tipo trata de pagar el mínimo. ¿Y en qué consisten las negociaciones, fundamentalmente? En armar un lazo de confianza con las personas”.

¿Qué pueden hacer las empresas del sector eléctrico? Al margen de los cambios normativos y de la voluntad política para impulsar los proyectos energéticos, la industria debe ser capaz de desarrollar relaciones sustentables con la comunidad en el tiempo, y no sólo con el fin de obtener las aprobaciones ambientales y permisos. Como concluye Rivas, “cuando llega un proyecto grande a un territorio determinado genera un impacto, que obviamente el Sistema de Evaluación Ambiental trata que se vea reducido; pero al mismo tiempo, genera una cantidad de impactos positivos, que es necesario amplificar, con una adecuada gestión. Es la certeza de valor compartido que las compañías deben transmitir; y no solamente transmitir, sino también ejecutar en sus proyectos. Obviamente la rentabilidad de las compañías es relevante, pero también, y esto es una necesidad que llegó para quedarse, deben ser aceptados por las comunidades y las autoridades a nivel local. Al mismo tiempo, tiene que haber una certeza en esas comunidades y en esa autoridad que con ese proyecto ganan y que van a estar mejor que antes”.

Para la directora de Chile Sustentable en tanto, las empresas deben ir más allá y mirar las otras tecnologías disponibles para la generación eléctrica, ya que, a su juicio, las compañías “deben adaptarse a las demandas ciudadanas y a la tendencia mundial: apostar por energía más limpia, más barata, más participativa y democrática, con seguridad de suministro y en base al desarrollo local armónico y no contra éste.

Eso implica poner énfasis en la Eficiencia Energética, en la generación sobre las Energías Renovables No Convencionales (ERNC) y en la generación distribuida, y que sean sostenibles, con reducidos impactos locales y resguardo de los valores territoriales, culturales y paisajísticos”.

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